Jorge Agobian / @jorgeagobian
Reportaje publicado el lunes 23 de septiembre en el diario La Prensa de Anzoátegui
También publicado en Pais agobiante // Edición digital disponible Ver
Enero de 2004. Fue en el primer trimestre de ese año
cuando se registró el asesinato de Félix Guanipa* en territorio anzoatiguense.
El difunto era oriundo de una entidad vecina del estado. Dolor y amargura en el
seno de esa familia. Cientos de casos con la misma característica se repiten uno
tras otro en Venezuela. Tras la pérdida irreparable, viene el proceso judicial
que, en el caso venezolano, suele ser lento y paulatino. Han pasado 10 años y
todavía no se ha logrado esclarecer el caso de Guanipa.
45 días después del suceso de 2004, durante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la antigua PTJ, fue implicado en el hecho fatal Guillermo Figuera. A él lo acusaron familiares de la víctima. Su vida se inmiscuyó desde entonces en un moroso proceso penal inconcluso.
El hombre ha argumentado de mil formas su inocencia.
Actualmente lo alega sentado en la sede de una comandancia, esperando, como
otros aprehendidos que se encuentran en ese recinto, el día del juicio. “Nadie
más que yo está interesado en que se celebre ese juicio” declaró Figuera. Pero
según la investigación realizada, los familiares de la víctima también están
aferrados en conocer el veredicto final del juez.
La esperanza es el juicio, ellos lo saben. “¡Pero quién
sabe cuándo se va a celebrar ese juicio!”, exclamó sin ánimos un familiar de
Figuera. (Ver infografía con ejemplificación del proceso)
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| Infografía: La Prensa de Anzoátegui / Jhonatan Villamizar |
Como el caso de Guanipa, en el que además está implicado
Guillermo Figuera, hay otros tantos en iguales o parecidas circunstancias en el
estado Anzoátegui. El retardo procesal penal es una realidad nacional reconocida
por el Tribunal Supremo de Justicia.
Gladdys Gutiérrez, presidenta del TSJ, declaró en mayo de
este año que se deben “superar las debilidades detectadas en el proceso
judicial”. Para ello, se implantó el mes pasado el Plan único contra el retardo
procesal que ha atendido hasta la fecha, a 2 mil 312 privados de libertad de
los estados Amazonas, Cojedes, Delta Amacuro, Miranda, Vargas, Yaracuy y área
metropolitana de Caracas, según las declaraciones de la directora de Protección
de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé.
En dicho plan participan funcionarios del Ministerio
Público, de la Fiscalía General de la República y del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas de cada región.
En la entidad oriental, el pasado 6 y 7 de septiembre se
atendieron a 37 detenidos en el marco de este procedimiento, sin embargo, casos
como el de Guillermo Figuera no entraron dentro de ese grupo. Su esperanza
sigue siendo el día del juicio.
Más tribunales
Federmann Ferrer, abogado penalista y criminólogo,
explicó que el retardo procesal penal se debe a muchas variantes. “Muchas veces
el retardo no es imputable solo al sistema, sino también a otras variantes como
la ausencia de testigos o de la defensa.
El Código Orgánico Penal lo establece así”.
Según el jurista, en el caso del estado Anzoátegui, parte
del retardo se debe al déficit de circuitos. “Hay muy pocos tribunales en la
zona. Hay solo 7 tribunales penales de los cuales solo 4 son tribunales de
juicio”, comentó.
“Cuando una audiencia es diferida deberían pasar entre 10
a 20 días para que se realice de nuevo, pero en la práctica eso es totalmente falso.
A veces pasan dos meses para celebrarse una audiencia”, expresó Ferrer.
Por su parte, el abogado y ex juez del Palacio de
Justicia, Anwar Romhain, coincide en que deben abrirse más tribunales de
control y juicio en la entidad. “Es necesaria la creación de nuevos tribunales
con jueces capacitados que tengan responsabilidad y también mejores sueldos”,
expresó.
“Una causa con detenidos o sin detenidos lleva el mismo
trabajo cuando se trabaja con responsabilidad”, apuntó Romhain. Agregó además que
ha sido testigo de casos en los que se suspenden las audiencias “porque los
jueces están de vacaciones”.
Pena anticipada
El estatus actual en el que se encuentra Guillermo
Figuera, el hombre vinculado al asesinato ocurrido hace una década, se denomina
“pena de banquillo”. Según el criminólogo Federmann Ferrer, esa es la realidad
de muchos de los presidiarios.
“Los presos de banquillo son los que no han sido juzgados
pero ya están presos, y cuando llegue el día del juicio, si son culpables, se
les restará el tiempo que estuvieron detenidos a su condena”.
*Nota: Los nombres de los personajes fueron falseados.
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